El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila ha ordenado el desmantelamiento de las obras de sistemas generales ejecutadas en el pinar de Villanueva de Gómez para dar servicio a la macrourbanización, con cerca de 8.000 viviendas, un hotel y tres campos de golf, que pretendía construirse en la zona.
Rotondas, aceras y grandes avenidas comenzaron a abrirse en el pinar, aunque las obras llevan paralizadas en torno a un año. En todo caso, los ecologistas estiman que podrían haberse talado más de 30.000 pinos y la zona tendrá ahora que restablecerse, devolviendo al paraje el estado existente antes del inicio de los trabajos.
Según se indica en la sentencia, el Ayuntamiento “no contó con ningún informe técnico, jurídico o de otro tipo antes de la autorización del Proyecto de Sistemas Generales de Infraestructuras” y “no se aprobó con anterioridad ningún instrumento de desarrollo o gestión urbanística”. Se señala, además, que “los planes parciales en suelo delimitado y los planes especiales deberán ser aprobados definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo”. Son algunos de los argumentos que se utilizan para declarar nulas las licencias.
En una superficie de 700 hectáreas, de las que 350 son urbanizables, se pretendía levantar la urbanización La Favera, promovida por la empresa riojana Inveralde, perteneciente al Grupo Urbanizadora XXI. Se trata, además, de una zona de pinar en la que está acreditada la presencia de águila imperial ibérica, en peligro de extinción, y en la que no está garantizado el abastecimiento de agua potable, dado que los actuales 150 habitantes del municipio se abastecen con agua embotellada desde hace varios años por la contaminación con nitratos que sufre el acuífero de Los Arenales.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo también estima que el Proyecto de Infraestructuras de Sistemas Generales afecta a suelo rústico de protección natural y que, en consecuencia, debería haber sido objeto de Evaluación del Impacto Ambiental el Plan Especial de Infraestructuras. Y concluye que la resolución del alcalde, José Martín Llorente, que autorizó, en el año 2006, la ejecución del Proyecto de Sistemas Generales y otorgó la licencia de obras, “debe considerarse nula de pleno derecho”.
“Ilegalidad” de las normas urbanísticas
Por otra parte, y en lo que se refiere a la modificación de las Normas Urbanísticas llevada a cabo en 2001, se indica que fue una auténtica revisión de las mismas y que, como tal, debió someterse al trámite de evaluación ambiental. Por ello se plantea ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la posible “ilegalidad” de la modificación de las normas aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en marzo de 2001. Así, por ejemplo, los ecologistas denunciaron que el suelo urbanizable previsto en las normas elaboradas en 1980, cuando se recalificaron 412 hectáreas de pinar, se había aumentado un 36,5 por ciento; la superficie forestal disminuyó un 16 por ciento; y la zona destinada a los viales se incrementó un 136 por ciento, además de no respetarse el trazado, ocupando parte del suelo protegido.
El juzgado da, de esta forma, la razón a las asociaciones ecologistas que se han posicionado en contra del proyecto. En este sentido, Juan Carlos Atienza, coordinador del Área de Conservación de SEO/BirdLife, ha declarado que “el sentido común se ha impuesto y se ha detenido otra barbaridad urbanística más”. “No es posible que el desarrollo de un pueblo de 150 habitantes pase por la construcción de 7.500 chalés en un bosque de altísimo valor natural”, ha dicho.
Señala, además, que de llevarse a cabo el proyecto supondría la “completa destrucción y de forma irreversible” del pinar, por lo que SEO pide que sea declarado como Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) y Área Crítica para la conservación del águila imperial.
De forma paralela, continúan abiertas las diligencias penales en el Juzgado de Arévalo, a raíz de una denuncia que presentaron Centaurea, Gredos Verde, Ecologistas en Acción, la Asociación en Defensa del Río Alberche y Comisiones Obreras. En este sentido, ya han declarado como imputados el alcalde y los responsables de Inveralde, la empresa que llevó a cabo las obras en los viales –Pavimentos Asfálticos Salamanca-, y la que elaboró los informes sobre arbolado, Gestión Rural.