La ex alcaldesa de Arenas de San Pedro y senadora del PP por Ávila, Carmen de Aragón, ha asegurado que, “a día de hoy, no estoy imputada por delito alguno”, tras remitirse al Tribunal Supremo un auto de la Audiencia Provincial de Ávila en el que se la acusa de un delito de prevaricación.
“A día de hoy no estoy imputada por delito alguno”, insiste la senadora en un comunicado remitido a los medios e incidiendo en que la Audiencia Provincial resolvió “devolver el procedimiento” al Juzgado de Instrucción de Arenas de San Pedro para que dé traslado al Tribunal Supremo, “por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito”.
Incide la ex alcaldesa de Arenas en que la licencia para construir un edificio que concedió la Comisión de Gobierno en el año 2005 y que fue objeto de la querella presentada por Javier Soler, concejal de Izquierda Unida en el Consistorio arenense, al año siguiente, se otorgó “de acuerdo a informes técnicos y jurídicos favorables” y que “no existe ni un solo informe desfavorable a la concesión de la citada licencia”.
Al respecto, señala que hubo dos procedimientos administrativos diferentes para el caso: por un lado, una modificación puntual de las normas urbanísticas que “contó con un primer informe favorable” por parte del técnico de la Junta, así como uno posterior, “desfavorable”, que se emitió “al incorporarse un nuevo técnico al Servicio Territorial de Urbanismo” y que, en el momento en el que se recibió este nuevo informe, “quedó paralizada” la modificación de las normas.
A este procedimiento se sumaría otro referido a la licencia para la construcción de un edificio, “con competencia municipal plena”, que “se concedió a la vista de los informes preceptivos”, que fueron “todos ellos favorables”.
Acusados
Según la ex alcaldesa de Arenas de San Pedro, “a fecha de hoy, hay tres resoluciones judiciales” a esta causa del Juzgado de Instrucción de Arenas de San Pedro, considerando que “no hay indicio de delito alguno” y que, en estos momentos, “la Audiencia ha considerado que se dé traslado al Tribunal Supremo” por la condición de aforada de la senadora del PP, algo que, “en ningún caso, se puede considerar privilegio personal”.
Por ello, subrayó Carmen de Aragón su “absoluta tranquilidad”, pues –añadió- “no he cometido delito alguno, como así quedará demostrado”.
El auto de la Audiencia Provoincial de Ávila, sin embargo, además de acusar a la ex alcaldesa de delitos contra la ordenación del territorio, continuado de prevaricación, en comisión por omisión, y de falsedad documental, también imputa a los que eran concejales del PP y miembros de la Junta de Gobierno Local Valentín de León, Alejandro Blázquez Cabo, Benito Martín Blas y José Francisco Núñez de delitos continuados contra la ordenación del territorio y de prevaricación, en comisión por omisión.
Finalmente, se acusa a los técnicos Javier Galán Serrano y José Luis Ramos de la comisión de un delito continuado de falsedad documental; al también técnico Fernando Soler Liceras, de un delito continuado de falsedad documental y otro delito continuado contra la ordenación del territorio; y al arquitecto municipal Alfonso Huertas, de un delito continuado contra la ordenación del territorio.